El estado de alarma fue inconstitucional para el Tribunal Constitucional

Juanfran Ponce
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Seis magistrados del Tribunal Constitucional apoyaron la sentencia elaborada por Pedro González-Trevijano, que califica de inconstitucional el primer decreto de estado de alarma provocado por la pandemia de COVID-19.

A pesar de haberse interpuesto una decena de denuncias ante el Tribunal Constitucional, la que está tomando las riendas es la que Vox presentó, puesto que su condición de partido político le aporta beneficios, donde el magistrado ponente del asunto, Pedro González-Trevijano, junto a otros seis miembros más, entienden que el confinamiento domiciliario fue más allá de lo que permitía el estado de alarma, afectando a los derechos de reunión, de circulación e incluso de residencia.

Aun así, esto se trata de un borrador que todavía está en proceso de elaboración y que tendrá que ser discutido por el pleno del tribunal de garantías. Aunque no se produjo una votación formal como tal, Ricardo Enríquez, Pedro Narváez, Alfredo Montoya, Santiago Martínez Vares y la vicepresidenta Encarnación Roca, apoyaron el texto elaborado por González-Trevijano.

«No había más remedio…»

La actuación de las medidas más restrictivas del decreto hubieran sido merecedoras de una declaración del estado de excepción en España, no de un estado de alarma, aseguraron.

Según comenta la Cadena Ser, fuentes jurídicas afirmaron que los 5 magistrados que no compartían este supuesto consideran que no había mas remedio que adoptar una serie de medidas urgentes mediante el estado de alarma, ya que los trámites para decretar el estado de excepción se hubieran prolongado durante semanas.

Restricción de derechos

Los diferentes puntos en los que se ve la inconstitucionalidad son los siguientes.

El punto 1 del artículo puesto en cuestión recoge que «durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada». Este artículo estuvo en vigor desde el 14 de marzo de 2020 que se activó el estado de alarma hasta el 4 de mayo de ese mismo año.

También se ve inconstitucional el punto que recoge que «se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público» sólo para la realización de las actividades de primera necesidad «o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio».

A parte, sostiene que el decreto se extralimitó con el apartado que fija que el ministro del Interior podía acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos.

Aunque la ponencia sí reconoce que España se encontraba en un estado de emergencia sanitaria y eran necesarias este tipo de medidas, estima que el Ejecutivo tendría que haber utilizado otra fórmula más acorde con la Constitución  para acordar restricciones de derechos fundamentales de los ciudadanos.  

El artículo 55

En la lectura sin interpretar del art. 55 de la Constitución, se señala claramente la limitación para realizar restricciones a derechos tan fundamentales como la libertad de movimientos o deambulatoria de los ciudadanos, donde está el germen del asunto.

Artículo 55: 1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

La libertad de circulación o de movimientos de los ciudadanos españoles queda regulada constitucionalmente en el  art.19, de la siguiente forma.

Artículo 19: Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.

Restringir VS limitar

«Las situaciones excepcionales en las que se permite la suspensión de derechos y libertades son, para nuestra Constitución, el estado de excepción y el estado de sitio, pero no el estado de alarma», comentó el experto en derecho Eduardo Rodríguez de Brujón.

Según dispone el art. 11 la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio del Estado de Alarma dice lo siguiente:

a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos

Y es que aquí estaría la cuestión, puesto que limitar la circulación en horas o lugares determinados no implica la suspensión de derechos elementales como, por ejemplo, el de libre circulación, a nivel nacional y mientras no sea en horas determinadas.

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