El Gobierno cambia la forma de juzgar delitos sexuales con el ‘sí es sí’

Juanfran Ponce
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El Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez aprueba este martes 6 de julio el proyecto de ley de Garantías de la Libertad Sexual, cambiando la forma de juzgar delitos sexuales y regulando el consentimiento expreso.

El anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual impulsada por el Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero, que planteba una reforma del Código Penal para eliminar la diferencia entre abuso y agresión sexual y poner en el centro de los delitos sexuales el consentimiento expreso de la víctima, fue aprobado hace más de un año.

El Ejecutivo aprobará el texto tras 16 meses de espera, en los que se produjeron diferencias entre Igualdad y Justicia y críticas del Consejo General del Poder Judicial, que rechazó por unanimidad su redacción, aunque respaldado por el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Ahora sólo queda que esto finalice para que sea enviado al Congreso de los Diputados, donde, finalmente, será votado por todos los parlamentarios. 

Consentimiento expreso

Una de las polémicas que más ha tenido este borrador ha sido el tema del ‘consentimiento expreso’, donde cualquier acto de naturaleza sexual que no sea consentido sería considerado como una agresión sexual (violación), suponiendo una modificación del Código Penal para eliminar la actual distinción que hace la norma entre abuso y agresión sexual.

En la actualidad, nuestro ordenamiento jurídico considera agresión sólo aquellos casos en los que se haya podido probar que la violación se produjo con fuerza o intimidación, lo que conlleva la necesidad de probar su resistencia ante estos hechos, tal como se denunció en el caso de la víctima de La Manada.

Por otro lado, la Ministra de Igualdad, afirmó que «con la nueva ley de libertad sexual España se convertirá en un país más seguro para las mujeres y se impedirá que los derechos de las mujeres nunca más se pierdan en un callejón oscuro».

‘Sólo sí es sí’ fue muy criticado

El consentimiento, pilar del proyecto, fue duramente criticado por el Consejo General del Poder Judicial, que rechazó la redacción inicial del consentimiento expreso y cuestionó también la supresión del abuso sexual. Por contra parte, el Consejo Fiscal, que sí avaló el anteproyecto, sugirió a Igualdad una redacción más clara y en positivo, no en negativo, recomendación que finalmente se ha tenido en cuenta.

Además, este nuevo borrador actualiza la tipificación de los delitos sexuales con un sistema progresivo y proporcional a la gravedad de los hechos delictivos y con agravantes como las agresiones grupales, la violencia grave, la especial vulnerabilidad de la víctima y el uso de armas o medios peligrosos, abordando múltiples ámbitos.

Considerará como violencia sexual la agresión, el acoso, el exhibicionismo, el acecho o acoso callejero, la provocación sexual, la prostitución ajena, la explotación sexual, la corrupción de menores, la mutilación genial femenina, el matrimonio forzado, el feminicidio sexual y, en el ámbito digital, la violencia sexual transmitida por medios tecnológicos, la extorsión sexual y la pornografía no consentida. 

El acoso callejero es también violencia sexual

Por otro lado, subirán las penas por acoso sexual de 3-7 meses a 6-12 meses, que implicaría «solicitar sexualmente en el ámbito laboral, docente o de desigualdad, provocando intimidación, hostilidad o humillación graves». Además, la pena entrará dentro del cargo de «violencia sexual».

Una de las novedades es la inclusión en el Código Penal del delito de «acoso ocasional», que considerará como un delito leve aquellas «expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas» que pongan a la víctima en una situación «objetivamente humillante, hostil o intimidatoria».

Este delito conllevará penas de localización permanente, trabajos comunitarios o multas para los agresores, y castigará así el conocido como acoso «callejero», situaciones que no tienen por qué darse en vía pública: pueden ocurrir en bares, fiestas privadas, conciertos, establecimientos.

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