La Convención Constituyente de Chile cumple 1 mes y esto es lo más destacable

Juanfran Ponce
Todo por el pueblo chileno
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La Convención Constituyente de Chile cumple un mes desde su instalación. ¿Cómo se ha desarrollado hasta ahora? ¿Cuál es su situación actual? ¿Hay ya Constitución en Chile?

Convención Constituyente de Chile

La Convención Constitucional​ es el órgano constituyente de la República de Chile, encargada de redactar una nueva Constitución política que regule el Estado y proteja los derechos de los ciudadanos, siendo iniciada en el plebiscito nacional realizado en octubre de 2020.​

Su creación y regulación fueron efectuados a través de la Ley N.º 21 200, publicada el 24 de diciembre de 2019, que reformó la Constitución para incluir el proceso de redacción de una nueva norma constitucional. A pesar de que su inicio fue en 2020, no comenzó su funcionamiento hasta el 4 de julio de 2021.

La convención tendrá un plazo de nueve meses para presentar la redacción de normas y derechos, pudiendo ser ampliado por otros tres meses en una sola oportunidad. Luego, a mediados de 2022, los chilenos se someterán a un plebiscito de salida para aprobar o rechazar el nuevo texto propuesto.

Importancia de los pueblos indígenas y de las mujeres

La Constitución de Chile se ha planteado como una norma que acabe con las desigualdades materiales o jurídicas, y que tenga un enfoque plurinacional, intercultural y feminista. De hecho, la Convención Constituyente es un ejemplo de ello, una declaración de intenciones que se verá reflejada en la sociedad al cabo de los meses.

Se presenta una convención elegida directamente por los ciudadanos, con carácter paritario —la primera del mundo— y con una importante participación de los Pueblos Indígenas. Está compuesta por 155 miembros, donde mujeres y hombres están representados paritariamente, es decir, iguales. Además, se reservaron 17 escaños para los Pueblos Indígenas, el mayor número que se haya establecido a nivel internacional de este índole, y se eligió a una indígena mapuche, la doctora y académica Elisa Loncon, como presidenta de la convención.

Esto supone un reconocimiento a la existencia de los Pueblos Indígenas como sujetos colectivos de derechos, y también un reconocimiento a la legitimidad de sus visiones de mundo como parte de un debate del que han sido excluidos por siglos.

La Unión Europea felicita a Chile en 4 idiomas

Elisa Loncon, la presidenta mapuche de la convención, compartió un documento de la Unión Europea donde felicitaba a Chile en 4 idiomas distintos al Español.

Chile, en su proceso de interculturalidad, no sólo reconoció a los distintos pueblos que forman parte de él, sino que les dota de la misma importancia que su propio país. Y es que, se ha hablado de reconocer a estos pueblos como naciones diferentes a Chile y, por tanto, soberanos.

Investigadores de la Universidad Diego Portales hicieron una encuesta a parlamentarios sobre este asunto. Entrevistaron al 92%: “En general, la idea de la plurinacionalidad es apoyada por muy pocos, cerca de un 30%». La mayoría, parece ser, sí aprueban la multiculturalidad pero no la plurinacionalidad, puesto que cuestiona el paradigma del Estado-nación.

Aun así, los intentos por compartir culturas son notorios. Los Pueblos Indígenas exigieron que las intervenciones que se hicieran en las asambleas, lo hiciesen en su lengua materna, ya que facilitaba el entendimiento a las personas que no sabían mucho de español y hacían valer su derecho como pueblo.

Sobre el documento que la Unión Europea ha enviado, las distintas lenguas destacadas son: rapanui, quechua, mapudungun y aymara, además del español.

Los bloqueos de la Convención Constituyente chilena

En una entrevista al economista y constituyente, Bernardo Fontaine, se comenta los problemas y retrasos que la nueva norma tendrá. «Yo digo que, como va la cosa, se ve bastante lento e ineficiente el proceso. En el sentido de que hay muchas horas de sesión, pero no siempre muy productivas.», comentaba Fontaine.

Según cuenta: «Hay poco diálogo porque falta más diálogo«. Todo apunta a que el trabajo de los representantes, a pesar de hacer mucho, no es suficiente.

Pero, ¿se discuten las propuestas o no? El constituyente nos dice que «no lo suficiente, porque al final no hay la posibilidad de buscar y no hay el mandato por parte de la mesa de la directiva de buscar primero un texto común, que es lo que yo valoraría. Me gustaría oír otras personas que opinen y que me expliquen por qué están proponiendo estos cambios, porque a lo mejor, si me lo explican, lo entiendo y estoy de acuerdo. Pero esto de llegar altiro a votar es muy ineficaz, porque se pierde el conocimiento de muchos constituyentes, no se ocupa la expertise de muchos contribuyentes».

La opinión de Bernardo es la siguiente: «Yo creo que faltan más espacios de diálogo y falta que la mesa ponga como mandato, por así decirlo, como norma de organización, que primero tenemos que tratar de llegar a un texto común. Ahora, por supuesto, va a ser imposible que todos los temas o en muchos temas tengamos 155 personas de acuerdo, pero se votarán las diferencias. Pero no forzar a votar inmediatamente, porque a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, en Chile Vamos, que hemos hecho muchas indicaciones y todas se han rechazado. Se han rechazado incluso indicaciones meramente de lenguaje o de precisión de los textos».

Actos de corrupción sin investigar

El caso SQM de Chile ha sido noticia en el país, ya que la Fiscalía ha decidido no perseverar contra los 34 investigados, entre ellos el exministro Peñailillo.

Este caso fue un escándalo político y judicial chileno de carácter penal, que surgió en 2015 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, referido al financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos realizado por la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) a través de pagos a personas relacionadas con estos por servicios nunca prestados.

Los acusados no llegaron a ser formalizados porque desde el Servicio de Impuestos Internos (SII), una institución del Estado chileno, no se presentó ninguna querella por los presuntos delitos tributarios destinados a financiar de forma irregular campañas políticas. Muchas personas han mostrado su disconformidad con esto, puesto que la Fiscalía puede investigar casos públicos, y más de esta índole, de forma voluntaria.

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