La ley de memoria democrática del PSOE se salta principios jurídicos esenciales

Juanfran Ponce
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El Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto aprobar hoy la Ley de Memoria Democrática, con la que se prohibirán organizaciones como la Fundación Francisco Franco.

La Ley de Memoria democrática es un proyecto de norma legislativa que tiene como finalidad reemplazar a la ya existente Ley de Memoria Histórica del Gobierno de Zapatero, aprobada en 2007. Se encargará de extinguir las organizaciones que ensalcen el franquismo y humillen a las víctimas del mismo. De esta forma, fundaciones como la dedicada al dictador, Francisco Franco, dejarían de existir.

Así mismo, esta nueva ley se encargará de ir más allá que la anterior. Por ejemplo, prevé crear un Consejo Territorial de Memoria Democrática y culminar con la retirada de símbolos franquistas en lugares públicos incorporando un régimen sancionador del que carecía la Ley de Memoria Histórica. Además, también está prevista la retirada de honores, medallas y distinciones que hubiesen supuesto exaltación de la Guerra Civil o la Dictadura, incluidos los títulos nobiliarios.

Por último, en el ámbito educativo se incluirá contenidos curriculares del conocimiento de la historia y la memoria democrática, así como la obligación a la administración General del Estado de promover su conocimiento mediante programas divulgativos.

Interpretación del pasado

Uno de los pilares más criticados sobre este proyecto de ley, al igual que la actual norma vigente, es la interpretación del pasado, puesto que pretende asimilar una sola versión de la historia. Esta primera idea va en contra de un principio jurídico esencial, ya que el Derecho no tiene que interpretar el pasado sino regular el presente.

En este proyecto también se recogen las diferentes formas de inculcar esta interpretación de la historia, ya que se tiene pensado tomar acciones en el plano educativo actualizando los contenidos curriculares a esta visión, con el fin de garantizar y promover los conocimientos de la historia democrática española.

Frente a esto, en 2018 se recogieron más de 200 firmas de historiadores e investigadores en el manifiesto por la historia y la libertad de España. Un escrito que tenía como objetivo mostrar las objeciones que había con respecto a ese proyecto de ley. «No se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos», Comenzaba el manifiesto.

Algunas personas de renombre que firmaron son: Stanley Payne, Dalmacio Negro Pavón, Félix Ovejero, Pío Moa, Pedro Insua… entre muchos otros.

Sanciones y coacción

El título IV del proyecto de ley incorpora un régimen sancionador en garantía de los preceptos de ley. De esta forma, se establecen multas que irían desde los 200 euros hasta los 150.000 euros. El incumplimiento a la hora de pagar estas multas conllevaría la inmediata movilización de los medios estatales ( policia, juzgados y demás instituciones ).

Por desgracia, esta idea también iría en contra de otro principio jurídico esencial, y es que a la gente no se le estaría castigando por lo que hace sino por lo que piensa. Se alejaría así del derecho penal de acto y se acerca al derecho penal de autor.

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