Los indultos del PSOE convierte a los políticos en jueces

Juanfran Ponce
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Ayer se celebró la manifestación en Colón, un acto donde miles de personas desbordaban la plaza en contra de los indultos a los condenados por el ‘procés’ que el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, va a conceder.

Según la Delegación de Gobierno, habrían participado unas 25.000 personas en la manifestación este domingo 13 de junio en una plaza de Colón a rebosar para mostrar su rechazo a la concesión de indultos a los condenados por el ‘procés’. Por otra parte, la Policía Municipal estimó la cuantía de estas cifras en mucho más, en torno a 126.000 personas.

La manifestación de Colón contó con la presencia de Pablo CasadoSantiago Abascal e Inés Arrimadas; líderes del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, respectivamente. Aunque la convocatoria nace de la plataforma Unión 78. Durante el acto, Rosa Díez o el escritor Andrés Trapiello han cargado duramente contra el Gobierno al grito de «¡Basta ya!».

¿Qué es un indulto?

El indulto es una medida de gracia de carácter excepcional, cuya regulación la encontramos en la Ley de 18 de junio de 1870. Este ejercicio jurídico consiste en el perdón total o parcial de las pena de los condenados.

En contra de la amnistía, el indulto supone un perdón de la pena, mientras que esta otra supone el perdón del delito. En el indulto la pena no desaparece, sigue estando ahí, de hecho, se reconoce que lo que se ha cometido es un delito pero, por razones políticas, se les ofrece un perdón de gracia. Por otro lado, en la amnistía, y tal como se establece en el sexto artículo de la ley de la amnistía, supone la extinción de la responsabilidad criminal y los antecedentes penales, cosa que en el indulto no se exime la responsabilidad civil.

Aunque, sin duda, el sustrato más diferenciador de estas dos categorías jurídicas es la aplicación de las mismas. Mientras que la aplicación de la amnistía corresponde en exclusividad a los jueces, tribunales y autoridades judiciales, el indulto corresponde a las esferas políticas, esto es al rey y al Ministerio de Justicia.

Pueden indultarse las penas accesorias con exclusión de las principales y viceversa, a no ser que aquellas sean inseparables de estas. La remisión de la pena principal implica, igualmente, la de las accesorias, a excepción de la inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos, las cuales no se entenderán comprendidas, si de ellas no se hubiere hecho mención especial en la concesión.

Presidente del Gobierno: Ejecutivo, legislador y juez

Las funciones del Presidente del Gobierno en nuestro sistema español sobrepasan los límites esperados en un régimen constitucional, aunque esto no viene de ahora, pues la mayoría de los presidentes que han pasado por nuestro país se han beneficiado por activa o pasiva de esto.

Primeramente, el presidente cumple una función institucional ejerciendo como ejecutivo del Gobierno, es decir, es la persona que ejecuta las leyes votadas por el órgano legislativo complementario, el Congreso de los Diputados.

Además, no sólo se queda ahí, el Gobierno de España puede proponer leyes y votar las mismas leyes que han propuesto. En otros sistemas constitucionales y democráticos como Estados Unidos, por ejemplo, sería algo impensable que el actual ejecutivo, Joe Biden, o sus ministros de Gobierno votasen un decreto que el propio presidente ha sacado. De hecho, la separación de poderes entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo impide este acto, aunque no en España.

Los dos ámbitos en los que el ejecutivo tiene maniobra para operar política y legalmente podrían ser contrarrestados por el Poder Judicial, aun con la complejidad de que este poder estuviese a mano de los políticos, como el caso del Tribunal Constitucional. Con el indulto esto deja de ser así completamente, pues es el Presidente del Gobierno el que, a través de pactos, toma la decisión de conceder esto.

Por si fuese poco, cuando un tribunal encarcela a una persona se es necesario una sentencia suficientemente sólida, veraz y perfectamente redactada para ello. En cambio, cuando el orden político decide perdonar la pena a un criminal a través de la figura jurídica del indulto, reconociendo la obra del delito, no se necesita siquiera justificación alguna. Se entra así en una controversia social, pues nos encontramos que para encarcelar a una persona se necesita una extensa y obligada documentación jurídica pero para sacar a esa persona no se necesita, siquiera, redactar las causas del perdón.

La peligrosidad de los indultos

La ministra y vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, nos deleitaba hace unos días con la justificación de dichos indultos, pues esta reivindicaba estos como «derecho de gracia de las democracias», remarcando que son un «contrapeso para los jueces».

En la realidad social el indulto es un elemento peligroso, siendo esto advertido por otras muchas personas del ámbito jurídico. Si las penas están para hacer ver que dichos actos son constituyentes de delitos, el indulto crea una visión alterada de estas, pues si las personas salen de prisión y son perdonadas, ¿por qué tú vas a tener que achacarte al código penal? Como se muestra, la arbitrariedad judicial provocada por las esferas políticas es lo que reina hoy en día.

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